Sobre las AFJP
Mientras esperamos los detalles del proyecto de ley para estatizar las jubilaciones en Argentina, les comparto algunos comentarios.
Por empezar, la gestión de la seguridad social, los fondos de jubilación y pensión, o como llamemos a este tema, es fuente de mucha polémica en todos lados desde hace décadas. En Argentina, fieles a nuestra costumbre de menospreciar los debates -o de reducirlos a una tribuna futbolera hiper-polarizada- nos mandamos, en los 90s, con el sistema de las AFJP, después solo hicimos algunos parches (a pesar de los evidentes problemas que tenía) y ahora se propone deshacerlo todo...
En lugar de este hacer y deshacer a los ponchazos, ¿podremos (como sociedad) tranquilizarnos, analizar este tema complejo, aprovechar lo que se hizo bien y corregir lo que se hizo mal? Nos tengo poca fe para eso... Hasta me suena más probable que el gobierno no quiera manotear todos los fondos ahorrados (cosa que probablemente comprobemos en unas horas cuando presenten el proyecto de ley).
La necesidad de intervención del estado en este tema es evidente, el quid es cuánto y cómo. Analicemos. Los fondos de jubilación y pensión tienen dos funciones: ahorro y seguro. En su aspecto de ahorro, es bueno que el estado controle, así como lo hace con ahorros normales de gente que no tiene altos ingresos ni la posibilidad de verificar cada detalle de la empresa en la cual invierte. En cuanto al seguro, no es igual a uno privado, sino que existe un interés social. Si hay quienes no logran aportar lo suficiente, por no conseguir trabajo en blanco, por ejemplo, a la sociedad le interesa que también tengan sus jubilaciones. Entonces, además de un control, es razonable que exista un subsidio.
Preferiría que ese subsidio fuera dado a empresas de gestión privadas, en lugar de gestionarlo todo el Estado. Sin embargo, lo interesante es que la justificación del subsidio existe para nada más que la jubilación básica, la que cubre las necesidades imprescindibles. Pongámosle que hay alguien que observa que aporta más que otros que cobrarían la misma jubilación. O, mejor dicho, que cobrarían menos, pero siendo demasiado chica la diferencia en comparación con el plus que aportan. En parte, ese plus cubre la prima de un seguro de vida cuya indemnización, afortunadamente, no estaría necesitando. Pero, en su mayor parte, estaría aportando al subsidio antedicho.
Eso es más o menos lo que viene pasando. Sin embargo, tomar los fondos para el subsidio de los aportes de todos los demás trabajadores probablemente no sea lo ideal. Ese fue un factor, entre varios, para desprestigiar y descapitalizar el sistema, justificado, en parte, por el gran esfuerzo que implica convertir un sistema puramente de reparto en uno mixto. Cuando empezaron las AFJP, habría sido mucha carga para el Estado pagar todas las jubilaciones mientras que muchos trabajadores dejaban de aportar a la ANSES. Entonces, se hizo que una buena porción de los aportes jubilatorios, de los asociados a las AFJP, financie el régimen de reparto. Incluyendo, por ejemplo, más de un 60% de lo que aportaban lo básico. Si luego ellos vieron que daba lo mismo aportar o no, no es consecuencia de la capitalización per se, sino de cómo se planificó la transición y de cuánto se prolongó.
En cierta manera, el sistema es de semi-reparto, y esto se hace más evidente cuando se analiza la composición de las carteras. Un trabajador que aporta a los veinte o treinta y pico, debería tener la mayoría (el 80% o más) de sus activos invertidos en acciones diversificadas, porque es muy probable que no necesite los fondos hasta dentro de mucho. Seguramente, la mayoría de los aportantes a las AFJP entran en esa categoría. Sin embargo, la porción de acciones en los fondos administrados no llega al 20%. Para colmo, la mayor parte de la porción restante (renta fija y depósitos) está invertida en títulos del estado argentino. Evidentemente -y esto no es novedad- el estado metió mano para financiarse, resultando en carteras muy inconvenientes para los trabajadores.
Para completar el panorama sobre las debilidades del sistema, otro tema que no es novedad: las comisiones. En los últimos años, el mundo de las inversiones fue reafirmando la hipótesis de los mercados eficientes, que hace que cada vez más inversiones se hagan mediante índices, o lo que se conoce como inversión pasiva. En pocas palabras, esto quiere decir prescindir de un administrador que elija acciones y momentos para comprar o vender, invirtiendo un puchito en cada acción del mercado. De esta forma, hay fondos altamente diversificados cuyo costos de mantenimiento son del orden de pocas décimas de porciento. Los fondos de renta fija suelen tener mayores comisiones, pero también son mucho menores que los de las AFJP. Estas cobran comisiones demasiado altas si comparamos con lo que sale invertir mundialmente, decir que costean equipos de profesionales altamente especializados que analizan inversiones ya no es justificación.
En resumen, se trata de un sistema en donde hasta el aportante de clase media-baja subsidia a la ANSES, las carteras son inconvenientes y sesgadas hacia los intereses del Tesoro y los costos altísimos. Evidentemente, se necesita una reforma. Pero ¿por qué una en donde todo (tanto lo medianamente justificado como lo injustificado) pase al Estado? Por empezar, eso implica mayor concentración de poder, con la corrupción y la ineficiencia que eso trae. También implica cortoplacismo, porque el interés de un aportante está, generalmente, en el largo plazo, y esto es aprovechado (y necesitado) por el sector productivo, pero el largo plazo es incompatible con el interés de cada gobierno de turno. Ni hablar de la vulneración de contratos...
No estaría tan en contra de una gestión estatal de la jubilación básica, aunque preferiría otro sistema, siempre y cuándo se revise la fuente de sus fondos. Es decir, un empleado con buen sueldo podría tener un impuesto para financiar a la ANSES, que garantice una jubilación mínima, para ella/él o para cualquiera que no tenga sus mismas posibilidades. Pero el grueso de su aporte (incluyendo los fondos ya ahorrados) debería tener gestión privada (aunque regulada por el Estado). Una gestión en donde se corrijan las debilidades del actual sistema de capitalización. Así, no me parece tan difícil mejorar el sistema actual, en lugar de quedarnos pachorrientos durante años y avalar estos manotazos de un día para el otro.
Por empezar, la gestión de la seguridad social, los fondos de jubilación y pensión, o como llamemos a este tema, es fuente de mucha polémica en todos lados desde hace décadas. En Argentina, fieles a nuestra costumbre de menospreciar los debates -o de reducirlos a una tribuna futbolera hiper-polarizada- nos mandamos, en los 90s, con el sistema de las AFJP, después solo hicimos algunos parches (a pesar de los evidentes problemas que tenía) y ahora se propone deshacerlo todo...
En lugar de este hacer y deshacer a los ponchazos, ¿podremos (como sociedad) tranquilizarnos, analizar este tema complejo, aprovechar lo que se hizo bien y corregir lo que se hizo mal? Nos tengo poca fe para eso... Hasta me suena más probable que el gobierno no quiera manotear todos los fondos ahorrados (cosa que probablemente comprobemos en unas horas cuando presenten el proyecto de ley).
La necesidad de intervención del estado en este tema es evidente, el quid es cuánto y cómo. Analicemos. Los fondos de jubilación y pensión tienen dos funciones: ahorro y seguro. En su aspecto de ahorro, es bueno que el estado controle, así como lo hace con ahorros normales de gente que no tiene altos ingresos ni la posibilidad de verificar cada detalle de la empresa en la cual invierte. En cuanto al seguro, no es igual a uno privado, sino que existe un interés social. Si hay quienes no logran aportar lo suficiente, por no conseguir trabajo en blanco, por ejemplo, a la sociedad le interesa que también tengan sus jubilaciones. Entonces, además de un control, es razonable que exista un subsidio.
Preferiría que ese subsidio fuera dado a empresas de gestión privadas, en lugar de gestionarlo todo el Estado. Sin embargo, lo interesante es que la justificación del subsidio existe para nada más que la jubilación básica, la que cubre las necesidades imprescindibles. Pongámosle que hay alguien que observa que aporta más que otros que cobrarían la misma jubilación. O, mejor dicho, que cobrarían menos, pero siendo demasiado chica la diferencia en comparación con el plus que aportan. En parte, ese plus cubre la prima de un seguro de vida cuya indemnización, afortunadamente, no estaría necesitando. Pero, en su mayor parte, estaría aportando al subsidio antedicho.
Eso es más o menos lo que viene pasando. Sin embargo, tomar los fondos para el subsidio de los aportes de todos los demás trabajadores probablemente no sea lo ideal. Ese fue un factor, entre varios, para desprestigiar y descapitalizar el sistema, justificado, en parte, por el gran esfuerzo que implica convertir un sistema puramente de reparto en uno mixto. Cuando empezaron las AFJP, habría sido mucha carga para el Estado pagar todas las jubilaciones mientras que muchos trabajadores dejaban de aportar a la ANSES. Entonces, se hizo que una buena porción de los aportes jubilatorios, de los asociados a las AFJP, financie el régimen de reparto. Incluyendo, por ejemplo, más de un 60% de lo que aportaban lo básico. Si luego ellos vieron que daba lo mismo aportar o no, no es consecuencia de la capitalización per se, sino de cómo se planificó la transición y de cuánto se prolongó.
En cierta manera, el sistema es de semi-reparto, y esto se hace más evidente cuando se analiza la composición de las carteras. Un trabajador que aporta a los veinte o treinta y pico, debería tener la mayoría (el 80% o más) de sus activos invertidos en acciones diversificadas, porque es muy probable que no necesite los fondos hasta dentro de mucho. Seguramente, la mayoría de los aportantes a las AFJP entran en esa categoría. Sin embargo, la porción de acciones en los fondos administrados no llega al 20%. Para colmo, la mayor parte de la porción restante (renta fija y depósitos) está invertida en títulos del estado argentino. Evidentemente -y esto no es novedad- el estado metió mano para financiarse, resultando en carteras muy inconvenientes para los trabajadores.
Para completar el panorama sobre las debilidades del sistema, otro tema que no es novedad: las comisiones. En los últimos años, el mundo de las inversiones fue reafirmando la hipótesis de los mercados eficientes, que hace que cada vez más inversiones se hagan mediante índices, o lo que se conoce como inversión pasiva. En pocas palabras, esto quiere decir prescindir de un administrador que elija acciones y momentos para comprar o vender, invirtiendo un puchito en cada acción del mercado. De esta forma, hay fondos altamente diversificados cuyo costos de mantenimiento son del orden de pocas décimas de porciento. Los fondos de renta fija suelen tener mayores comisiones, pero también son mucho menores que los de las AFJP. Estas cobran comisiones demasiado altas si comparamos con lo que sale invertir mundialmente, decir que costean equipos de profesionales altamente especializados que analizan inversiones ya no es justificación.
En resumen, se trata de un sistema en donde hasta el aportante de clase media-baja subsidia a la ANSES, las carteras son inconvenientes y sesgadas hacia los intereses del Tesoro y los costos altísimos. Evidentemente, se necesita una reforma. Pero ¿por qué una en donde todo (tanto lo medianamente justificado como lo injustificado) pase al Estado? Por empezar, eso implica mayor concentración de poder, con la corrupción y la ineficiencia que eso trae. También implica cortoplacismo, porque el interés de un aportante está, generalmente, en el largo plazo, y esto es aprovechado (y necesitado) por el sector productivo, pero el largo plazo es incompatible con el interés de cada gobierno de turno. Ni hablar de la vulneración de contratos...
No estaría tan en contra de una gestión estatal de la jubilación básica, aunque preferiría otro sistema, siempre y cuándo se revise la fuente de sus fondos. Es decir, un empleado con buen sueldo podría tener un impuesto para financiar a la ANSES, que garantice una jubilación mínima, para ella/él o para cualquiera que no tenga sus mismas posibilidades. Pero el grueso de su aporte (incluyendo los fondos ya ahorrados) debería tener gestión privada (aunque regulada por el Estado). Una gestión en donde se corrijan las debilidades del actual sistema de capitalización. Así, no me parece tan difícil mejorar el sistema actual, en lugar de quedarnos pachorrientos durante años y avalar estos manotazos de un día para el otro.
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